¿Qué se dice de la nueva Ley que afectará a todas las universidades de la Comunidad de Madrid? ¿destruirá la Universidad Pública? ¿perpetúa la asfixia financiera? ¿se impedirá la protesta estudiantil? ¿dónde está el borrador del que todos hablan?
Te lo contamos de boca de sus principales protagonistas:
Óscar García
El Rector de la UPM ya anunciaba en su toma de posesión en enero que la UPM debe mejorar internamente con el desafío de optimizar sus recursos, trabajando de forma conjunta y superando barreras que todavía existen. El Plan Estratégico requerirá de una financiación suficiente, “sin una financiación suficiente, nuestras universidades públicas no pueden cumplir su esencial función social, y mucho menos aspirar a hacerlo con excelencia, cubriendo, como mínimo, todos los gastos del capítulo 1 y todos aquellos derivados del funcionamiento diario de la Universidad. Y sólo desde esa base podemos hablar de otras partidas.»
Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, advertía en el mismo acto de los retos de la ley que conformará la universidad del futuro, con una financiación estable a las Universidades para su funcionamiento, que cubra necesidades singulares pero que también estimule la consecución de recursos por objetivos, con incentivos eficaces y herramientas para la colaboración público-privada.
Otras instituciones
Esto es lo que sabemos de boca de los principales protagonistas, ya que el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que tiene el fin de que la ciudadanía puedan acceder a las mismas de un modo claro y sencillo, no aporta datos sobre el contenido de la nueva ley, por lo que nos vemos obligados a fiarnos de terceros que publican sus propios borradores o consideraciones.
La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO publicó un supuesto borrador en marzo, considerando que «promueve la privatización, la externalización, el control gubernamental y la infrafinanciación, poniendo en peligro el sistema universitario público madrileño».
La Sección Sindical CGT de la UCM publicó en abril un análisis del borrador de la ley, aunque destaca que «se basa en un borrador incompleto».
UGT Servicios Públicos publicó el «Análisis del presunto borrador» llegando a la conclusión que «amenaza seriamente al sistema universitario público. Esta propuesta promueve la privatización, consolida la falta de financiación y limita la autonomía de las universidades públicas».
Análisis de UNITOD (del supuesto borrador)
Es necesario revisar el mapa de titulaciones, ya que las plantilla de PTGAS y PDI deben dar cobertura a las necesidades derivadas de la actividad que presta en la Comunidad de Madrid y sus características, perfil y número deberán ser coherentes con la oferta formativa del centro.
Establece la figura de un Interventor autónomo, designado por el Consejo Social, con personal funcionario o laboral a su servicio, incluido dentro de la RPT del Consejo Social. Este personal dependiente incluirá, además, a los actuales puestos de trabajo dedicados al control interno de la universidad.
Financiación por objetivos: se establecerá objetivos estratégicos en los contratos-programa, atendiendo a los mejores usos académicos establecidos por la Comunidad de Madrid. Entre estos mejores usos se establece la selección, formación y especialización del PTGAS en funciones avanzadas de apoyo académico, con especial énfasis en el ejercicio de la función directiva y la asunción de mayores responsabilidades en las labores de gestión asociadas a la investigación.
En caso de crisis económica grave y prolongada que afecte a las disponibilidades presupuestarias de la Administraciones públicas, las universidades públicas y la Comunidad de Madrid adecuarán los plazos y compromisos mutuamente adquiridos en los contratos-programa, bajo los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, buena fe, corresponsabilidad y mantenimiento de la calidad de las funciones universitarias.
Se establecen nuevas formas de financiación, pudiendo las universidades públicas constituir fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos para el despliegue de sus actividades, creando una nueva oficina dotada con personal especializado y con la formación adecuada, dedicados a su gestión.
Los costes de personal PDI y PTGAS, deberán ser autorizados por la Comunidad de Madrid. Conforme al artículo 57 de la LOSU, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo de todo el personal de la Universidad especificando cada tipo de personal conforme a la tipología dispuesta en esta ley, así como la totalidad de sus costes.
Convocatoria de Huelga días 26 y 27 de noviembre
En este contexto la «Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas», también conocida como «Plataforma Por la pública» ha convocado una huelga general universitaria para el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre de 2025. Un paro laboral, que responde a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid, una «estrategia deliberada» cuyo objetivo es conducir a las universidades públicas a la «bancarrota», con el propósito, de forzar la financiación privada y la adopción de «modelos de gestión basados en la búsqueda del beneficio empresarial».
“Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian”.
— CCOO/UPM (@CCOO_UPM) November 9, 2025
La Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las Universidades Públicas Madrileñas convoca huelga los días 26 y 27 de noviembre.#UniversidadPública #HuelgaUniversitaria #Madrid pic.twitter.com/Wl4pp6fPrd
Borradores fantasma. Transparencia cero
Un delegado de UNITOD-UPM acudió una asamblea convocada por dicha plataforma en ETSI Caminos, Canales y Puertos el pasado martes, 4 de noviembre para estar mejor informados, aunque tampoco allí aclararon mucho la situación. De hecho se pidió el borrador actualizado de la ley de universidades que se supone que disponían y a día de hoy no lo hemos recibido.
Convocatoria a destiempo
Los medios de comunicación ya daban por hecho mucho antes de convocarse las supuestas asambleas que se iba a convocar la huelga, lo que pone de manifiesto los recursos dedicados.
¿Quién convoca realmente? Spoiler: ni sindicatos ni rectores
Los grandes sindicatos no convocan, sino que «respaldan y dan cobertura legal» a la convocatoria de HUELGA GENERAL UNIVERSITARIA de los días 26 y 27 de noviembre, impulsada por la «Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las 6 Universidades Públicas Madrileñas».
Más información en https://diariodeunasapiens.blogspot.com/
Postura de UNITOD
Desde la Sección Sindical UNITOD-UPM entendemos que falta transparencia por parte de todos los implicados en el proceso, políticos, agentes sociales, dirigentes de la Comunidad de Madrid y por parte de la propia UPM. No existe un borrador oficial y la Comunidad de Madrid tampoco aporta transparencia a sus intenciones, por lo que, aunque todos los sindicatos mayoritarios la están apoyando, no tenemos criterios suficientes para secundar o no la huelga. Quizá lo mejor sería que el Rector haga alguna jornada de información al personal y que nos diga lo que opina la UPM al respecto.
